Un informe de la ONU condena la violencia sin
precedentes, incluidas torturas, violaciones y asesinatos, en las prisiones
israelíes para palestinos, que no rinden cuentas ante nadie
01 de noviembre de 2024
Andy Worthington
Una foto de la tristemente célebre prisión israelí de Sde Teiman, donde se ha
recluido a presos de Gaza en condiciones terriblemente abusivas y donde se han
producido violaciones de presos varones con objetos.
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Hace tres semanas, el 10 de octubre, la Comisión Internacional Independiente de
Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos
Jerusalén Oriental e Israel, emitió un informe
de enorme trascendencia sobre la "guerra contra los hospitales"
que Israel ha librado en la Franja de Gaza durante el último año, y sobre el
trato que dispensa a los palestinos en su sistema penitenciario responsable, en
el que la tortura, la violación y el asesinato son prácticos generalizadas.
Escribí sobre la "guerra contra los hospitales" en un artículo anterior,
Informe de la ONU confirma que Israel es culpable de crímenes de guerra y
"exterminio" en los ataques contra los hospitales de Gaza, cuando
prometí continuar con un segundo artículo sobre las conclusiones de la Comisión
en relación con las prisiones de Israel, y este artículo es el cumplimiento de
esa promesa.
Escribí sobre la "guerra contra los hospitales" en un artículo anterior, Informe
de la ONU confirma que Israel es culpable de crímenes de guerra y
"exterminio" en los ataques contra los hospitales de Gaza, cuando
prometí continuar con un segundo artículo sobre las conclusiones de la Comisión
en relación con las prisiones de Israel, y este artículo es el cumplimiento de
esa promesa.
Cuando se fundó el Estado de Israel en 1948, alrededor del 80% de la población
palestina -750.000 personas- fue objeto de una limpieza étnica en lo que se
conoce como la Nakba ("catástrofe"), huyendo o siendo expulsados a la
fuerza como refugiados a Cisjordania (entonces controlada por Jordania), la
Franja de Gaza (entonces controlada por Egipto), Jordania, Siria y Líbano. A
ninguno de ellos -ni a sus descendientes- se les ha permitido regresar jamás.
Alrededor de 156.000 palestinos permanecieron en el nuevo Estado de Israel, donde fueron
sometidos a un régimen militar durante los 18 años siguientes, que, como explica Adalah, el
Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, "impuso
estrictos controles en todos los aspectos de la vida de la minoría
palestina", incluidas "severas restricciones de movimiento,
prohibiciones de organización política, limitaciones de oportunidades laborales
y censura de publicaciones". La Enciclopedia Interactiva de la Cuestión
Palestina añade
que "aunque el gobierno israelí prometió oficialmente que los palestinos
que permanecieran en el Estado serían tratados como ciudadanos con plenos
derechos, de hecho los trató como enemigos bajo ocupación, y el gobierno
militar fue la principal herramienta que utilizó para controlarlos." Como
señala también la Enciclopedia, "las políticas del gobierno militar
estaban encaminadas a 'judaizar' la Galilea y las zonas árabes restantes en
general, reduciendo la superficie de tierra en poder de los palestinos y aislándolos
en sus aldeas y ciudades."
La resistencia a la constante erosión por parte de Israel de los derechos de su
minoría palestina, que
se basaba en gran medida en la ley marcial impuesta por las autoridades
británicas durante su control de Palestina desde 1920 hasta 1948, significaba
que "los que desobedecían estas normas eran encarcelados o multados",
y a veces asesinados en masacres o "fusilados en el acto" si
"intentaban cruzar las líneas de alto el fuego y regresar a su tierra natal".
Sin embargo, no fue hasta 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza
tras la Guerra de los Seis Días, cuando comenzó a establecer un sistema de
prisiones exclusivamente para palestinos en los territorios ocupados, y un
sistema judicial de acompañamiento, en concreto tribunales militares.
Una vez más, éstas se basaron en parte en las medidas introducidas durante el
mandato británico en Palestina, a saber, el establecimiento de tribunales
militares en 1937. Los tribunales militares de Israel fueron concebidos no sólo
para tratar los presuntos delitos violentos, sino también las protestas no
violentas, los movimientos políticos y culturales y la libertad de circulación
y asociación, y, como ha establecido la académica Lisa Hajjar, están plagados
de problemas, sobre todo en lo que se refiere a la detención prolongada de
sospechosos en régimen de incomunicación, la imposibilidad de acceder a abogados,
el uso rutinario de la "coacción" -o, como podría llamarse mejor, la
tortura- en los interrogatorios para obtener confesiones y el uso de
"pruebas secretas".
Cuando no está procesando a palestinos, incluidos niños, en un sistema de tribunales
militares con una tasa de condenas absurdamente alta, del 90 al 95%, Israel
también encarcela de forma rutinaria a personas en virtud de otro vestigio de
la dominación británica: la "detención administrativa", que se aplica
inicialmente durante seis meses, pero puede renovarse cada seis meses de forma continuada.
La supuesta base para imponer la "detención administrativa" es que se
trata de casos basados en pruebas obtenidas por los servicios de seguridad, que
comprometerían la seguridad nacional si se revelaran en un juicio, pero en
realidad, aunque estas preocupaciones pueden ser válidas en ocasiones, su uso
es en gran medida una excusa para retener a personas indefinidamente sin cargos
ni juicio.
Apenas debería ser necesario mencionar, a modo de inciso, que, como resultado, el
sistema de "detención administrativa" de origen británico de Israel
sirvió de inspiración a la administración Bush cuando estaba estableciendo su
prisión posterior al 11-S en la Bahía de Guantánamo, donde, después de casi 23
años, algunos de los hombres que siguen retenidos allí -los que no han sido
sometidos a dudosos juicios militares- continúan recluidos indefinidamente sin
cargos ni juicio sobre una base que se parece notablemente a la "detención
administrativa", aunque sin el inconveniente de tener que ser renovada
cada seis meses.
El sistema penitenciario israelí para los palestinos
Incluso antes de los mortíferos ataques de Hamás y otros militantes contra el sur de
Israel el 7 de octubre del año pasado, el sistema penitenciario israelí para
los palestinos era una abominación legal, moral y ética.
En julio de 2023, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la
situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde
1967, presentó
un informe sobre la privación arbitraria de libertad de palestinos por
parte de Israel al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que explicaba
que, desde 1967, "Israel había detenido a aproximadamente un millón de
palestinos en los territorios ocupados, incluidos decenas de miles de
niños". En ese momento, añadió, "había 5.000 palestinos en prisiones
israelíes, entre ellos 160 niños, y aproximadamente 1.100 de ellos estaban
detenidos sin cargos ni juicio".
Albanese también explicó que todo el territorio palestino ocupado se había transformado
en "una prisión al aire libre constantemente vigilada", y añadió que
"la potencia ocupante enmarcó a los palestinos como una amenaza de
seguridad colectiva encarceladle, descivilizándolos en última instancia [al]
erosionar su condición de personas protegidas". También explicó que
"las prácticas carcelarias ilegales de Israel equivalían a crímenes internacionales,
que justificaban una investigación urgente por parte del Fiscal de la Corte
Penal Internacional", subrayando que esto era además necesario porque
"estos delitos parecían formar parte de un plan de 'despalestinización'
del territorio", que "amenazaba la existencia de un pueblo como grupo
nacional cohesionado".
Horrores multiplicados desde el 7 de octubre
Desde el 7 de octubre, el sistema penitenciario israelí para los palestinos,
paralelamente a su abominable y genocida matanza de civiles en la Franja de
Gaza, ha alcanzado nuevas cotas de extralimitación y depravación en relación
con el número de palestinos detenidos y las repugnantes formas de malos tratos,
tortura, violación y asesinato a las que han sido sometidos. Además, Israel
también ha intentado impedir que se rindan cuentas de sus actos impidiendo
cualquier tipo de visita de representantes del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), organismo internacional que supervisa las condiciones en las prisiones.
Para comprender lo preocupante que resulta la exclusión del CICR, conviene recordar
que, en la "guerra contra el terror" de Estados Unidos, sólo se
impidió uniformemente al CICR visitar a los presos de la red mundial de
prisiones de tortura de Estados Unidos -los "sitios negros" de la
CIA-, pero desde el principio se le permitió el acceso a los presos de
Guantánamo, salvo en los casos de un puñado de hombres considerados,
erróneamente, especialmente significativos.
Como explica el informe de la ONU, "entre el 7 de octubre de 2023 y julio de
2024, Israel detuvo a más de 14.000 palestinos en Gaza y Cisjordania, incluido
Jerusalén Este", aumentando su población carcelaria palestina en casi un 300%.
De estos 14.000, 4.000 fueron detenidos en Gaza, "muchos de los cuales fueron
trasladados a instalaciones en Israel para ser interrogados". Además,
"cientos de miembros de grupos armados palestinos fueron detenidos los
días 7 y 8 de octubre dentro de Israel."
Como explicaba el informe, "las personas detenidas en Gaza y trasladadas a
Israel fueron arrestadas principalmente en virtud de la Ley de Encarcelamiento
de Combatientes Ilegales", una ley infame que data de 2002 y que coincide,
por tanto, con los primeros días de la "guerra contra el terror" de
Estados Unidos, que "tenía por objeto regular el internamiento de
combatientes ilegales sin derecho al estatuto de prisionero de guerra"
-una derogación paralela del derecho internacional, que se reprodujo en
Guantánamo mediante la designación de prisioneros como "combatientes
enemigos" sin derechos, y la decisión de que los Convenios de Ginebra no
se les aplicaban.
Según añadió la Comisión, los prisioneros aprehendidos en Gaza "están recluidos
en instalaciones administradas por el ejército, principalmente en el campo de
Sde Teiman, en el sur de Israel, pero algunos han sido trasladados a
instalaciones administradas por el Servicio de Prisiones de Israel."
Además, "miles de personas de Cisjordania fueron detenidas por orden
militar", mientras que "miles de trabajadores palestinos de Gaza que
se encontraban legalmente en Israel el 7 de octubre fueron detenidos en las
instalaciones de Anatot, en Cisjordania, gestionadas por el ejército",
aunque 3.000 de ellos "al parecer fueron puestos en libertad y enviados a
Gaza en noviembre en respuesta a una petición presentada ante el Tribunal
Superior de Justicia de Israel".
Detención y reclusión arbitrarias, desapariciones forzadas y liberaciones arbitrarias
Como explicaba el informe, entre los miles de palestinos, en su mayoría hombres, que
"fueron detenidos en operaciones militares y ataques israelíes en Gaza y
Cisjordania", se encuentran "periodistas, defensores de los derechos
humanos, personal médico, pacientes, personal de las Naciones Unidas y
familiares de sospechosos". Como también señaló la Comisión, "también
se detuvo a niños" y, de todos los detenidos, "a muchos no se les
informó de los motivos de su detención".
Además, "los detenidos liberados denunciaron haber sido interrogados sobre su
posible implicación en las hostilidades, incluida su afiliación a Hamás, y sobre
el paradero de rehenes israelíes", mientras que "[s]e detuvo también
a varias defensoras de los derechos humanos, periodistas y políticas de
Cisjordania, acusadas de 'incitación al terrorismo'".
La Comisión señaló que "los funcionarios israelíes sostenían que, tras los
controles de seguridad y los interrogatorios, 'las personas que se considera
que no están implicadas en actividades terroristas son puestas en libertad y
devueltas a la Franja de Gaza [...] lo antes posible'". En realidad, sin
embargo, la Comisión "constató que Israel seguía reteniendo a detenidos,
incluso después de que se hubieran sometido a controles de seguridad y se
hubiera determinado que no representaban una amenaza real", y que entre
estos detenidos "había personas de edad avanzada, personas que padecían
enfermedades crónicas graves, mujeres embarazadas, niños y personal médico."
Según fuentes oficiales israelíes, los detenidos de Gaza debían "someterse a una
audiencia, interrogatorio o escrutinio por parte de un oficial superior de las
fuerzas de seguridad israelíes 'en un plazo de 7 a 10 días', mientras que la
detención de palestinos de Cisjordania es revisada por un juez militar",
aunque la Comisión señaló que "muchos detenidos puestos en libertad
informan de que siguen sin conocer el motivo de su detención, lo que sugiere
que no se les había concedido una audiencia o, si se había celebrado tal
proceso, que no habían entendido las actuaciones".
En cuanto a las "desapariciones forzadas", la Comisión explicó que las
autoridades israelíes "no han revelado los nombres ni el paradero de los
miles de palestinos de Gaza detenidos desde el 7 de octubre, incluso en
respuesta a varias peticiones de habeas corpus presentadas ante el Tribunal
Superior de Justicia", añadiendo que "se han suprimido las
salvaguardias mínimas contra las desapariciones forzadas como consecuencia de
la prohibición recientemente introducida de las visitas del CICR y de las
nuevas enmiendas a las Leyes de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales que
impiden la revisión judicial de la detención durante un máximo de 75 días y las
visitas de abogados durante un máximo de 90 días a la espera de la aprobación
del tribunal."
Como también explicaron, aunque las autoridades israelíes han proporcionado, bajo
presión, "una dirección de correo electrónico que supuestamente puede
utilizarse para facilitar las visitas de abogados a los detenidos de
Gaza", hasta el 15 de julio "sólo tenían conocimiento de un caso en
el que se hubiera permitido a un abogado visitar a un detenido de Gaza en el
campo de Sde Teiman".
Cuando se trata de liberar a los detenidos, el proceso es a menudo tan arbitrario como
las detenciones iniciales: un proceso deliberado de aterrorizar y desorientar a
los palestinos en general, que ha tipificado todo el sistema desde 1967. Como
señaló la Comisión, "los detenidos de Gaza son liberados por las fuerzas
de seguridad israelíes en el paso fronterizo de Kerem Shalom sin que existan
procedimientos que garanticen la atención médica o el apoyo", y añadió que
esta práctica "ha tenido un efecto especialmente perjudicial en los niños."
La Comisión también señaló que "el procedimiento seguido por las autoridades
israelíes para la puesta en libertad de los niños detenidos ha contribuido a
que los niños de la Franja de Gaza queden separados de sus familias, porque
regresan sin compañía, con una capacidad limitada para localizar a sus familias
o comunicarse con ellas". Como resultado, muchos niños detenidos liberados
"han mostrado signos de extrema angustia psicológica y trauma".
Estableciendo una mayor desorientación, la Comisión señaló que "los detenidos palestinos
que inicialmente fueron recluidos en las regiones septentrionales de Gaza
fueron liberados posteriormente en las regiones meridionales, lejos de sus
hogares y familias", una prohibición que parece haber sido impuesta por un
intento persistente de los israelíes de impedir que nadie regresara al norte,
aunque su repercusión práctica ha sido impedir "el regreso de los
detenidos a sus lugares de origen y la unificación familiar".
Una escalofriante foto publicada en un canal de redes sociales israelí en diciembre
de 2023, en la que se ve a civiles palestinos acorralados y sometidos a
controles, y a muchos de ellos posteriormente "desaparecidos" en las
inexplicables prisiones israelíes para palestinos.
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Horrendos abusos en las prisiones militares, y especialmente en el centro de Sde Teiman
Tras hablar de los "malos tratos durante las detenciones y los traslados",
incluidos "numerosos informes sobre detenidos a los que se desnudó,
transportó desnudos, vendó los ojos, esposó con suficiente fuerza para causar
lesiones e hinchazón, pateó, golpeó, agredió sexualmente y sometió a insultos
religiosos y amenazas de muerte, además de dañar sus bienes durante la
detención y el traslado a centros de detención en Israel y Cisjordania", y
algunos casos de detenidos utilizados como escudos humanos, la Comisión centró
su atención en los "malos tratos en centros de detención gestionados por
militares", señalando que "verificó información de malos tratos
generalizados e institucionalizados a detenidos de Gaza, incluidos niños, en el
campo de detención militar de Sde Teiman, donde inicialmente se recluyó a todos
los detenidos de Gaza desde el 8 de octubre."
Los horrores de Sde Teiman han salido a la luz a través de informes de los
principales medios de comunicación, en concreto un
reportaje de la CNN del 11 de mayo, basado en el testimonio de
denunciantes, y un artículo de The
Guardian en mayo, ambos tras la publicación de un
informe de Médicos por los Derechos Humanos de Israel en abril. Más
recientemente, sus violaciones se han expuesto con mayor detalle en
"Bienvenidos al infierno: El sistema penitenciario israelí como red de
campos de tortura", un informe
de B'Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en
los Territorios Ocupados.
Resumiendo las condiciones abusivas, la Comisión declaró: "El personal de las fuerzas
de seguridad israelíes vendaba los ojos y esposaba a los detenidos en todo
momento, los confinaba en celdas improvisadas grandes y abarrotadas y los
obligaba a arrodillarse en posturas de tensión durante horas, al tiempo que les
prohibía hablar. Se les negaba el acceso adecuado a aseos y duchas, y a muchos
se les obligaba a llevar pañales. Fueron sometidos a palizas, incluso con
porras y palos de madera, incluso estando inmovilizados, e intimidaciones y
ataques con perros.
Además, "los detenidos informaron de que dormían en colchones finos en el suelo,
cubiertos sólo con mantas ligeras, incluso en los meses de invierno, y que se
les privaba de sueño. Sólo se les permitía dormir entre cuatro y cinco horas
cada noche, con las luces encendidas continuamente. No se les permitía dormir
durante el día. Los detenidos declararon tener acceso limitado a los aseos, a
veces sólo una vez al día, y no poder ducharse durante semanas. La comida
proporcionada era insuficiente y carente de variedad, lo que provocaba una
importante pérdida de peso y otras complicaciones médicas."
Como explicó la Comisión, "los detenidos, incluidos los de edad avanzada,
llevados a Sde Teiman para ser interrogados eran atados en posturas dolorosas o
atados a un tornillo colocado en lo alto de una pared durante horas, mientras
tenían los ojos vendados y estaban suspendidos con los pies tocando o apenas
tocando el suelo ('shabah'). En un caso, se dejó a un detenido en esa posición durante
cinco o seis horas mientras los interrogadores lo sometían repetidamente a
cambios extremos de temperatura, utilizando alternativamente un fuerte
ventilador y una lámpara encendida". La Comisión "también recibió
informes sobre el uso de dispositivos de descarga eléctrica contra los detenidos."
Toda esta brutalidad, por supuesto, recuerda nada menos que las condiciones más
abusivas, aislantes y deshumanizadoras experimentadas por los prisioneros en
los "sitios negros" de la CIA, en la prisión de Bagram en Afganistán,
utilizada para procesar a los prisioneros antes de su largo vuelo a Guantánamo,
donde numerosos prisioneros fueron
asesinados mediante el uso de técnicas de tortura y violencia extrema, y en
la propia Guantánamo durante sus peores años -desde finales de 2002 hasta junio
de 2004, cuando la ley llegó finalmente a Guantánamo mediante una sentencia del
Corte Suprema que permitió a los abogados entrar en la prisión para
entrevistarse con los presos, traspasando el velo de secretismo que, hasta esa
fecha, había envuelto sus abominaciones rutinarias.
Como también señaló la Comisión, "las condiciones sanitarias inadecuadas
restringían la capacidad de los detenidos para realizar prácticas religiosas,
como la oración y las abluciones, aumentaban los riesgos para la salud y
servían para humillar y deshumanizar aún más a los detenidos." Un detenido
explicó a los miembros de la Comisión que, "debido al acceso infrecuente a
los aseos, los detenidos se veían obligados a orinar o defecar con la ropa
puesta", mientras que otro afirmó que los presos "habían sido
despojados de su humanidad y tratados no mejor que animales", y añadió que
"todos los detenidos estaban sin lavar y olían, dejando sus pantalones
amarillentos, mientras que los soldados que los manipulaban llevaban guantes
que arrojaban a los detenidos cuando terminaban."
Además, "empeoraron las afecciones médicas relacionadas con la falta de higiene,
como erupciones cutáneas, forúnculos y abscesos. La atención médica era escasa,
de baja calidad y se prestaba en un edificio separado, mientras los detenidos
estaban esposados y con los ojos vendados. En algunos casos, tanto en
instalaciones militares como del Servicio de Prisiones de Israel, las palizas
sufridas durante los interrogatorios provocaron fracturas, pero no se
proporcionó la atención médica adecuada. Según los informes, las constantes
esposas y la atención médica inadecuada provocaron la amputación de miembros a
algunos detenidos. Las declaraciones de algunos miembros del personal médico
sugieren que fueron cómplices de prácticas ilegales."
Estas incidencias, una vez más, recuerdan el impacto de las instalaciones médicas
restringidas, inadecuadas o inexistentes en la "guerra contra el
terror", que, en sus primeros días, dio lugar a numerosas denuncias de ex
presos que, por ejemplo, las amputaciones evitables eran generalizadas, junto
con la extracción de dientes. Lamentablemente, la inadecuada prestación de
asistencia médica sigue existiendo hoy en día en Guantánamo, como se señaló el
año pasado en un
devastador informe de Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la
promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la lucha contra el terrorismo, basado en una visita a la prisión en febrero
de 2023.
A medida que aumentaban las críticas por las condiciones de Sde Teiman -sobre todo
por los casos de violación y muerte en la prisión, que se comentan más
adelante-, el gobierno israelí respondió sugiriendo que cerraría Sde Teiman y
trasladaría a los presos a instalaciones gestionadas por el Servicio de
Prisiones de Israel, aunque se señaló que, el 3 de julio, "el fiscal
general de Israel declaró en una carta que el ministro de Seguridad Nacional,
Itamar Ben-Gvir, estaba obstruyendo los traslados de presos a instalaciones del
Servicio de Prisiones de Israel", y que, en agosto, 28 detenidos seguían
recluidos en Sde Teiman.
Condiciones abusivas en las instalaciones del Servicio de Prisiones de Israel
El papel crucial de Ben-Gvir, uno de los dos ministros abiertamente de extrema
derecha (y colonos) del gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu, también
fue señalado por la Comisión en referencia a las instalaciones del Servicio de
Prisiones de Israel en las que están recluidos la mayoría de los presos
palestinos. El 16 de octubre de 2023, sólo nueve días después de los atentados
del 7 de octubre, Ben-Gvir, como ministro de Seguridad Nacional, ordenó
importantes restricciones adicionales en las prisiones, que "incluían la
imposición de una prohibición total de las visitas familiares y del CICR, la
cancelación o restricción de las visitas y llamadas telefónicas de los abogados
y la cancelación de las citas médicas no urgentes."
Además, "se cortó la electricidad en las celdas de la prisión, se confiscaron los
efectos personales de los detenidos y se restringió severamente el acceso a las
duchas y los aseos. Se restringió o prohibió el acceso al aire fresco en el
patio de la prisión. Se impusieron restricciones a las prestaciones
alimentarias y se aplicaron a miles de detenidos y presos, incluidos mujeres y
niños, que habían sido detenidos antes del 7 de octubre." La Comisión
también señaló que, "en varias ocasiones, el ministro de Seguridad
Nacional indicó que la venganza era la motivación de estas políticas."
La Comisión también "documentó múltiples casos de malos tratos físicos y
verbales, incluidas amenazas de muerte, en las instalaciones del Servicio de
Prisiones de Israel", y los detenidos de las prisiones de Negev, Megiddo,
Ofer y Ramon describieron "haber sido golpeados por guardias con porras y
palos de madera mientras estaban esposados, incluso a su llegada a esas
prisiones y durante registros de celdas realizados por unidades especiales del
Servicio de Prisiones de Israel que utilizaban perros para intimidar y atacar a
los presos".
Las mujeres detenidas de Cisjordania también estaban "sometidas a las mismas
restricciones que los hombres en los centros del Servicio de Prisiones de
Israel y se veían afectadas de manera especial por la insuficiencia e
inadecuación de los alimentos y el agua y por las condiciones
antihigiénicas." La Comisión tuvo conocimiento de que "las mujeres
embarazadas recluidas en un centro del Servicio de Prisiones de Israel no
recibieron alimentos suficientes ni adecuados y se les negó atención
médica", y varias mujeres "informaron de que no se les había
permitido utilizar los aseos a pesar de haber solicitado acceso, o de que
habían estado esposadas durante periodos prolongados de tiempo y, por tanto,
necesitaban ayuda de otros detenidos para utilizar los aseos." Además, las
detenidas también "tenían acceso limitado a compresas o se les negaban".
El tratamiento de los niños
En cualquier debate sobre el trato a los niños, es importante señalar que Israel
tiene un largo y sórdido historial de negarse a reconocer que los menores de 18
años no pueden ser considerados responsables de sus actos y deben ser
rehabilitados en lugar de castigados, según el Protocolo
Facultativo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño relativo a
la participación de niños en los conflictos armados.
Israel ratificó el Protocolo Facultativo en 2005, pero no ha hecho nada que indique su
cumplimiento, como se ha señalado en numerosos informes desde entonces, y como
también confirmó la Comisión, que "determinó que cientos de niños de Gaza
y Cisjordania fueron detenidos y luego trasladados y recluidos en Israel y
Cisjordania", y que fueron "sometidos a violencia extrema durante el
arresto, la detención, el interrogatorio y la puesta en libertad".
Señalando además que "[l]os niños de Gaza fueron recluidos tanto en instalaciones
militares como del Servicio de Prisiones de Israel", y que, en Sde Teiman,
"los niños fueron recluidos con adultos y sometidos a malos tratos
similares", la Comisión explicó que un muchacho de 15 años detenido en las
instalaciones de Sde Teiman les dijo que "había sido el único niño entre
70 adultos en una celda", y que "[s]u piernas habían sido encadenadas
con grilletes de metal y sus manos esposadas con tanta fuerza que habían
sangrado, y sin embargo no había recibido ninguna atención médica". Añadió
que "le habían castigado repetidamente obligándole a permanecer de pie con
las manos en alto durante horas", y "describió sus 23 días de detención
como 'los peores días de mi vida'". Un niño de 13 años, por su parte, dijo
a la Comisión que "se habían utilizado perros contra él durante los
interrogatorios y que lo habían puesto en régimen de aislamiento."
La Comisión señaló también que los niños "estaban recluidos en secciones de
menores superpobladas en instalaciones del Servicio de Prisiones de Israel,
principalmente Megiddo y Ofer", y que, aunque "estaban separados de
los adultos, las autoridades israelíes los sometían a todos a las mismas
restricciones que aplicaban a los adultos".
Violación y otras formas de violencia sexual y de género
En un análisis cada vez más oscuro y sombrío de los abusos cometidos por Israel
contra presos palestinos, la Comisión "documentó más de 20 casos de violencia
sexual y de género contra detenidos de ambos sexos en más de 10 instalaciones
militares y del Servicio de Prisiones de Israel, en particular en la prisión de
Negev y el campo de Sde Teiman, en el caso de los detenidos varones, y en las
prisiones de Damon y Hasharon, en el caso de las detenidas".
La Comisión añadió: "La violencia sexual se utilizó como medio de castigo e
intimidación desde el momento de la detención y durante toda ella, incluidos
los interrogatorios y los registros", explicando también que "[l]os
actos de violencia sexual documentados por la Comisión estaban motivados por un
odio extremo hacia el pueblo palestino y por el deseo de deshumanizarlo."
La Comisión también "descubrió que la desnudez forzada, con el objetivo de
degradar y humillar a las víctimas tanto delante de los soldados como de otros
detenidos, se utilizaba con frecuencia contra las víctimas masculinas,
incluyendo repetidos registros en los que se les desnudaba; interrogatorios a
los detenidos mientras estaban desnudos; obligar a los detenidos a realizar
ciertos movimientos mientras estaban desnudos o desvestidos y, en algunos
casos, también filmados; someter a los detenidos a insultos sexuales mientras
eran transportados desnudos; obligar a los detenidos desnudos a permanecer
juntos en una celda abarrotada; y obligar a los detenidos desnudos y con los
ojos vendados a agacharse en el suelo con las manos atadas a la espalda."
Se trata, una vez más, de técnicas bien conocidas de los brutales primeros años de
Guantánamo, y también de la prisión de Abu Ghraib en Irak, donde las únicas
fotos que han salido a la luz de torturas y malos tratos en la "guerra
contra el terror", que se hicieron públicas en abril de 2004, provocaron
una oleada de horror en todo el mundo, a pesar de que nunca se exigieron
responsabilidades a nadie, salvo a "unas pocas manzanas podridas".
En las prisiones de Israel, la Comisión añadió más detalles de violencia sexual,
señalando que varios detenidos varones "informaron de que personal de las
fuerzas de seguridad israelíes les había golpeado, pateado, tirado o apretado
los genitales, a menudo mientras [estaban] desnudos", y que, en algunos
casos, habían "utilizado objetos como detectores de metales y
porras". Un detenido recluido en la prisión de Negev declaró que, en
noviembre de 2023, "miembros de la unidad Keter del Servicio de Prisiones
de Israel lo habían obligado a desnudarse y luego le ordenaron que besara la
bandera israelí", y que, cuando se negó, "lo golpearon y le
propinaron patadas en los genitales tan fuertes que vomitó y perdió el conocimiento."
La Comisión también "recibió información fidedigna sobre violaciones y
agresiones sexuales, incluido el uso de una sonda eléctrica para causar
quemaduras en el ano y la introducción de objetos, como palos, escobas y
verduras, en el ano". Añadieron que, al parecer, algunos de esos actos
"fueron filmados por soldados", y señalaron concretamente que, en
julio, "nueve soldados fueron interrogados y varios detenidos por violar
presuntamente a un detenido y causarle lesiones potencialmente mortales en Sde Teiman".
Ese incidente
en particular provocó ondas expansivas de particular repulsa en todo el
mundo, y fue seguido por la
publicación de un vídeo que mostraba la violación de un prisionero, pero la
respuesta dentro de Israel no hizo más que mostrar lo depravado que se ha
vuelto el país en el último año, ya que los partidarios del acusado intentaron
asaltar una base militar para mostrar su apoyo al acusado. Como informó
la revista +972: "Manifestantes de extrema derecha, soldados y MK
[políticos] se unieron para apoyar a los guardias sospechosos de violar a un
detenido palestino. Antes marginales, ahora son la cara pública del
Estado". Poco después, de forma repugnante, el principal sospechoso fue
agasajado en la televisión israelí como un héroe, y se hicieron
esfuerzos para legitimar, o incluso hacer obligatorios, los abusos sexuales
a prisioneros.
Captura de pantalla del vídeo emitido por el Canal 12 de Israel que muestra la
violación de una presa en la cárcel de Sde Teiman. Revela las condiciones
aplastantemente inhumanas en las que se mantiene a los presos.
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En un análisis más detallado de los abusos sexuales a prisioneros, la Comisión
"determinó que los detenidos eran sometidos de forma rutinaria a abusos
sexuales y acoso, y que se dirigían amenazas de agresión sexual y violación a
los detenidos o a sus familiares mujeres". Un detenido recluido en Sde
Teiman "informó de que mujeres soldado le habían obligado a él y a otros a
hacer sonidos como los de una oveja, a maldecir a los dirigentes de Hamás y al
profeta Mahoma, y a decir: 'Soy una puta'", y se señaló que "eran
golpeados si no accedían". En otro caso, "un soldado se quitó los pantalones
y apretó su entrepierna contra la cara de un detenido, diciendo: 'Eres mi puta. Chúpamela'".
La Comisión también informó de que las detenidas fueron "objeto de agresiones
y acoso sexuales en instalaciones militares y del Servicio de Prisiones de Israel,
así como de amenazas de muerte y de violación." El acoso sexual
"incluía intentos de besarlas y tocarles los pechos", y las reclusas
también "denunciaron cacheos al desnudo repetidos, prolongados e
invasivos, tanto antes como después de los interrogatorios." También
fueron "obligadas a quitarse toda la ropa, incluido el velo, delante de
soldados hombres y mujeres", y "fueron golpeadas y acosadas mientras
las llamaban 'feas' y les dirigían insultos sexuales, como 'perra' y 'puta'".
En un caso, a una detenida en una prisión del Servicio de Prisiones de Israel
"se le negó el acceso a su abogado tras haberle informado de amenazas de violación."
La Comisión también señaló que las detenidas "fueron fotografiadas sin su
consentimiento y en circunstancias degradantes, incluso en ropa interior
delante de soldados varones", y que, en un caso, verificado porque las
fotos se publicaron en Internet, una detenida "fue sometida a repetidos e
invasivos registros al desnudo tras su detención en una comisaría del norte de
Israel", donde "fue golpeada, agredida verbalmente, arrastrada por el
pelo y fotografiada delante de una bandera israelí".
La Comisión también "recibió informes de la Autoridad Palestina sobre la
violación de dos mujeres detenidas", informes cuya veracidad estaba, en el
momento de la publicación, "intentando verificar".
Asesinatos bajan custodia israelí
En relación con las muertes bajo custodia israelí, la Comisión declaró que, a 15
de julio, "al menos 53 detenidos palestinos habían muerto en centros de
detención israelíes desde el 7 de octubre de 2023": 44 de Gaza, incluidos
36 que murieron en Sde Teiman, y nueve de Cisjordania, la mayoría de cuyos
cuerpos, sospechosamente, no fueron devueltos a sus familias para ser
enterrados. La Comisión optó por no utilizar la palabra "asesinato",
ya que por el momento no puede verificarse que estas 53 personas murieran como
consecuencia del trato recibido, aunque hace falta una suspensión bastante
salvaje de la incredulidad para no llegar a la conclusión de que fueron
asesinadas, si no deliberadamente, sí por la exacerbación de problemas de salud
preexistentes provocados por los malos tratos sufridos.
Un ejemplo citado por la Comisión fue el de Thaer Abu Assab, de Qalqilya,
Cisjordania, encarcelado desde 2005, que murió en la prisión de Negev el 18 de
noviembre de 2023 "después de que, según informes, fuera sometido a
fuertes palizas por guardias de la Unidad Keter del Servicio de Prisiones de
Israel y se retrasara su evacuación médica". Posteriormente, las
autoridades israelíes "abrieron una investigación penal, pero al parecer
sólo se adoptaron medidas disciplinarias limitadas contra los guardias implicados."
Además, dos médicos palestinos de alto nivel de Gaza también han muerto en detención
israelí. El primero, el Dr. Iyad Rantisi, director de un hospital de mujeres en
Bayt Lahya, "fue detenido el 11 de noviembre en un puesto de control de
las fuerzas de seguridad israelíes y murió seis días después en la prisión de
Shikma, operada por el Servicio de Prisiones de Israel, donde al parecer fue
interrogado por la Agencia de Seguridad de Israel (también conocida como Shin Bet)".
Fotos del Dr. Adnan al-Bursh, "desaparecido" del Hospital Shifa en
diciembre de 2023, cuya muerte se reveló en abril de 2024.
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El segundo, el Dr. Adnan al-Bursh, jefe del departamento de ortopedia del Hospital
Shifa de la ciudad de Gaza, "fue detenido en diciembre y murió en la
prisión de Ofer en abril", cuando su muerte causó
conmoción en todo el mundo, ya que era muy conocido y respetado
internacionalmente por su trabajo - y, por supuesto, porque el Hospital Shifa
había sido asediado públicamente por las fuerzas israelíes, y luego invadido
violentamente, con personal médico asesinado y/o "desaparecido" en
las cárceles de Israel, y con fosas comunes descubiertas más tarde en los
terrenos del hospital.
La Comisión añadió que un detenido puesto en libertad les había dicho que
"había visto al doctor Al-Bursh en Sde Teiman en diciembre de 2023 con
contusiones en el cuerpo y quejándose de dolor en el pecho", y también
explicó que el gobierno israelí "no había aportado pruebas de que se
estuvieran investigando las muertes bajo custodia, con vistas a garantizar la
rendición de cuentas."
En la sección final del informe, la Comisión, muy apropiadamente, analizó el
tratamiento de los rehenes tomados por los grupos armados palestinos el 7 de
octubre, que vale la pena leer, aunque, al igual que me niego a detenerme
únicamente en los 1.195 israelíes y extranjeros asesinados el 7 de octubre con
exclusión de los 50,000 (o, casi con toda seguridad, muchos más) palestinos
asesinados en el último año y tres semanas, me veo incapaz de centrarme en 251
rehenes excluyendo a los casi 20.000 palestinos detenidos, brutal e
ilegalmente, en cárceles israelíes. Esto no quiere decir que ninguno de los dos
grupos no merezca compasión, porque la merecen, pero es mi elección no acatar
la insistencia de los israelíes en que sólo sus propias vidas tienen valor y
que está justificado masacrar o encarcelar bárbaramente a 50, 100 o 200 veces
más palestinos, ya sea como venganza o como excusa para llevar a cabo un genocidio.
En la sección final del informe, la Comisión, muy apropiadamente, analizó el
tratamiento de los rehenes tomados por los grupos armados palestinos el 7 de
octubre, que vale la pena leer, aunque, al igual que me niego a detenerme únicamente
en los 1.195 israelíes y extranjeros asesinados el 7 de octubre con exclusión
de los 50,000 (o, casi con toda seguridad, muchos
más) palestinos asesinados en el último año y tres semanas, me veo incapaz
de centrarme en 251 rehenes excluyendo a los casi 20.000 palestinos detenidos,
brutal e ilegalmente, en cárceles israelíes. Esto no quiere decir que ninguno
de los dos grupos no merezca compasión, porque la merecen, pero es mi elección
no acatar la insistencia de los israelíes en que sólo sus propias vidas tienen
valor y que está justificado masacrar o encarcelar bárbaramente a 50, 100 o 200
veces más palestinos, ya sea como venganza o como excusa para llevar a cabo un genocidio.
Conclusiones
En sus conclusiones, la Comisión señaló correctamente que "la detención arbitraria de palestinos ha sido una
práctica arraigada a lo largo de los 75 años de ocupación israelí de Gaza y
Cisjordania", "caracterizada por abusos generalizados y sistemáticos,
violencia física y psicológica, violencia sexual y de género, y muerte durante
la detención", y que "la frecuencia y gravedad de estas prácticas han
aumentado desde el 7 de octubre".
La Comisión añadió que el maltrato de los detenidos palestinos "es el
resultado de una política intencionada", con actos de violencia física,
psicológica, sexual y reproductiva "perpetrados para humillar y degradar a
los palestinos", concluyendo que "las fuerzas de seguridad israelíes
cometieron esos actos con la intención de infligir dolor y sufrimiento, lo que
equivale a tortura como crimen de guerra y crimen contra la humanidad y
constituye una violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", y añadiendo que "[l]as
muertes de detenidos como consecuencia de malos tratos o negligencia equivalen
a los crímenes de guerra de homicidio voluntario o asesinato y violación del
derecho a la vida."
La Comisión también vinculó este "abuso sistemático", "directa y
causalmente" a las declaraciones realizadas por funcionarios israelíes,
entre ellos Itamar Ben-Gvir, así como "otros miembros del Gobierno de
coalición israelí legitimando la venganza y la violencia contra los
palestinos." Lamentaron "[l]a falta de rendición de cuentas por las
acciones de miembros individuales de las fuerzas de seguridad israelíes y la
creciente aceptación de la violencia contra los palestinos", que "han
permitido que esta conducta continúe sin interrupción y se convierta en
sistemática e institucionalizada."
La Comisión también señaló que "[l]as detenciones a gran escala de hombres y
niños palestinos se han llevado a cabo con poca o ninguna causa justificable,
en muchos casos aparentemente sólo porque se consideraba que estaban en
"edad de combatir" o no seguían las órdenes de evacuación",
concluyendo que "[l]a detención de miles de palestinos durante periodos
prolongados, incluso cuando claramente no suponían ningún riesgo para la
seguridad, fue arbitraria, ilegal y constituye un castigo colectivo y una
persecución por motivos de género."
La Comisión añadió que "[l]a política israelí de ocultar deliberadamente
información sobre los nombres, el paradero y la condición de los detenidos
equivale al crimen de lesa humanidad de desaparición forzada", mientras
que "[e]l sufrimiento mental de las familias de los detenidos equivale a tortura".
En cuanto al trato de los niños, la Comisión señaló que "las fuerzas de
seguridad israelíes privaron de libertad de forma intencionada, ilegal y
arbitraria a niños palestinos", sometiéndolos a "graves malos tratos,
humillaciones y torturas", y observando que, cuando fueron liberados,
"han mostrado signos de lesiones físicas graves, angustia psicológica
extrema y trauma".
La Comisión también condenó el uso de detenidos como escudos humanos, y condenó
"la prevalencia y los tipos de violencia sexual y de género
cometidos", señalando aspectos de "tortura sexualizada", y
condenando la violación de prisioneros como "un crimen de guerra y un
crimen contra la humanidad", añadiendo que "[e]stos actos de
violencia sexual, que causan graves sufrimientos físicos y mentales, también
equivalen a tortura."
En cuanto a la desnudez forzada y "otros actos de violencia sexual cometidos
con fines de humillación o degradación", la Comisión concluyó que tales
actos "constituyen los crímenes de guerra de trato inhumano y ultraje a la
dignidad personal y el crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos",
y, en algunos casos, "equivalen al crimen de guerra y crimen de lesa
humanidad de tortura".
Por último, la Comisión condenó la prohibición de que los detenidos liberados
regresen a sus lugares de residencia en el norte de Gaza por constituir
"desplazamiento forzoso", mientras que "los ataques contra
civiles que intentan regresar con sus familias" equivalen a "traslado
forzoso", y ambos "son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".
Hace dos días, el 30 de octubre, la Comisión presentó su informe en la 79ª Sesión de
la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La documentación está aquí, una
declaración de Navi Pillay, la Presidenta de la Comisión, está aquí,
y también hay un vídeo aquí
de la presentación de Navi Pillay ante la AGNU, y otro vídeo aquí de una rueda
de prensa que coincidió con la presentación del informe.
Como era de esperar, los principales medios de comunicación no se molestaron en
cubrir la presentación del informe, aunque, como prueba de los crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio de Israel, se une a un creciente
conjunto de pruebas que deben, algún día, llevar a que Israel rinda cuentas de
sus actos, si la ONU quiere sobrevivir como organismo internacional viable
capaz de hacer cumplir el derecho internacional.
Los cínicos pueden tachar a la ONU de desdentada, pero la realidad más grave es que
es un foro funcional para que los países del mundo se reúnan, obstaculizado
únicamente por Israel y Estados Unidos, con el apoyo de otros países
occidentales, y no es de extrañar, por tanto, que ahora se alcen voces pidiendo
la suspensión
de Israel de la ONU, y que siga en curso una batalla latente para
reconfigurar la ONU de modo que Estados Unidos ya no pueda ejercer su derecho
de veto en el Consejo de Seguridad, que ha utilizado regularmente para defender
a Israel contra los deseos de casi todos los demás Estados miembros de la ONU.
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